El apoyo a la eliminación de la subvención a los combustibles sigue siendo mayoritario, pero se ha debilitado, cayó del 78% al 63%entre enero y agosto de 2026, mientras el desacuerdo aumentó del 13% al 33%.

Las diferencias territoriales son marcadas, el respaldo alcanza el 76% en La Paz y El Alto, pero disminuye al 47% en Santa Cruz, donde cayó 35 puntos desde enero. Por generación, el apoyo es mayor entre las personas de 62 a 79 años, con un 73%, y menor entre las de 30 a 44 años, con un 59%.

Sin embargo, la aceptación se reduce cuando la medida se relaciona con posibles aumentos en el coste de vida. El 50% acepta afrontar incrementos de precios para superar el desabastecimiento, frente a un 46% que lo rechaza.

La importación privada tampoco es vista como una solución definitiva; el 63% considera que su efecto será temporal o estará concentrado en grandes empresas y el sector agropecuario, mientras solo el 17% cree que resolverá completamente el problema.

La población también se divide entre tiempo y precio; el 39% cree que la mayoría pagaría más para evitar las filas, mientras que el 33% piensa que continuaría esperando para acceder al diésel subvencionado.

En este contexto, predomina el escepticismo; el 48% no espera que el abastecimiento se normalice durante la actual gestión de gobierno, y solo el 22% percibe una solución presente o dentro de los próximos tres meses.

En conjunto, los resultados reflejan un respaldo condicionado a la reforma, atravesado por la preocupación por los precios, el acceso desigual a las alternativas privadas y la baja confianza en una pronta normalización.