El informe Percepciones sobre la Ley “Antibloqueos” presenta los resultados de una encuesta online realizada en las cuatro ciudades del Eje Troncal, desarrollada entre el 18 y el 28 de septiembre de 2026. El estudio revela que el amplio rechazo a los bloqueos convive con una preferencia por el diálogo como primera respuesta del Gobierno y con un respaldo mayoritario a establecer penas de cárcel para quienes organizan estas medidas de presión.
Rechazo a los bloqueos, pero prioridad al diálogo
El 69% está en desacuerdo con que los sectores sociales bloqueen caminos para exigir solución a sus demandas, frente al 22% que está de acuerdo y el 9% que no sabe. El rechazo predomina en las cuatro ciudades, pero, El Alto presenta una opinión más dividida, con 51% en desacuerdo y 33% de acuerdo.
A pesar de este rechazo, el 48% considera que el Gobierno debería instalar primero un diálogo cuando una protesta deriva en un bloqueo, mientras el 31% plantea despejar la vía inmediatamente y el 13% prefiere dar un plazo antes de intervenir.
Respaldo mayoritario a las sanciones penales
El 55% está de acuerdo con sancionar con hasta cinco años de cárcel a quienes organizan bloqueos, frente al 33% que está en desacuerdo y el 12% que mantiene una posición neutral. La lectura de estos resultados debe considerar el avance de las propuestas legislativas y el cambio introducido en la pregunta. En enero y mayo se consultó por penas de hasta 20 años de cárcel, que recibieron un respaldo del 60% y 62%, respectivamente; en septiembre, la medición se ajustó a la propuesta de hasta cinco años, que obtuvo un 55% de acuerdo. Por tanto, las diferencias no representan necesariamente una caída del apoyo, sino la respuesta a una propuesta reformulada en una nueva etapa del debate legislativo.
Una pena aceptada, aunque sin consenso pleno
Al valorar específicamente la duración de la condena, el 48% considera adecuada una pena de hasta cinco años, mientras el 14% la califica como demasiado alta, el 12% como demasiado baja y el 21% sostiene que no debería existir una pena de cárcel por organizar bloqueos.
En conjunto, el estudio muestra que la ciudadanía diferencia entre la forma inmediata de gestionar los conflictos y las consecuencias legales de los bloqueos. La mayoría rechaza esta medida de presión y respalda la aplicación de sanciones penales, pero prefiere que la primera respuesta del Gobierno sea el diálogo antes que la intervención directa. Este patrón no es homogéneo: El Alto presenta mayor apertura hacia los bloqueos, una preferencia más marcada por la negociación y menor apoyo a las penas de cárcel.
