Bolivia registra los niveles de apoyo a la inclusión más bajos de la región. El respaldo a leyes que prohíben la discriminación laboral, educativa y de vivienda hacia personas LGBT+ es de solo 31%, situándose lejos del promedio global (52%) y de vecinos como Brasil o Argentina (ambos con 58%). Además, esta cifra muestra un retroceso local frente al 37% reportado en 2024 y 2025.

Respecto a los derechos de pareja, el panorama está altamente polarizado, un 34% de la población se opone a cualquier reconocimiento legal, mientras que un 21% apoya las uniones civiles y solo un 13% respalda el matrimonio igualitario.

La inserción de la diversidad en el mercado y espacios cotidianos enfrenta barreras culturales restrictivas. Solo el 22% de los encuestados en el Eje Troncal apoya a las marcas que promueven activamente la igualdad LGBT+ y apenas un 18% respalda a las empresas con políticas internas de inclusión laboral, frente a promedios globales del 42% y 39% respectivamente. Asimismo, el apoyo a la presencia de atletas abiertamente LGBT+ en equipos deportivos se estanca en un 17%y la demanda de una mayor representación de personajes de la diversidad en los medios de comunicación recibe apenas un 14% de aprobación frente a un 36% de rechazo directo.

El hallazgo de mayor dinamismo social radica en la creciente conciencia sobre la vulnerabilidad de las personas transgénero: el 51% de los encuestados percibe que este colectivo sufre «mucha o bastante» discriminación. Este indicador revela un incremento significativo de 12 puntos porcentuales en comparación con el 39% registrado en 2024. A pesar de este avance en la empatía superficial, el reconocimiento de derechos específicos sigue siendo mínimo: solo el 13% apoya que los atletas transgénero compitan según su identidad de género, mientras que una mayoría del 52% se opone formalmente.