Rumbo del país y desgaste político
El Monitor de Opinión Pública (MOP), levantado entre el 22 y el 30 de junio de 2026, revela que el 61% de los ciudadanos en el Eje Troncal afirma que la dirección de Bolivia es incorrecta. Este descontento provocó un hito político: por primera vez, la desaprobación al presidente Rodrigo Paz (45%) supera a su aprobación (38%). El desgaste es aún más crítico para el vicepresidente Edmand Lara, quien arrastra un rechazo elevado del 81% frente a sólo un 7% de conformidad.
Asimetrías regionales
La insatisfacción no es homogénea y muestra polos opuestos en el Eje Troncal. La ciudad de El Alto se consolida como la plaza más crítica, liderando el rechazo al presidente con un 58% de desaprobación, seguida de La Paz, que registra un 44% de rechazo frente a un 36% de apoyo. Por su parte, Santa Cruz sufre un fuerte ajuste en las expectativas ciudadanas y cierra en un estricto empate técnico con un 42% tanto para la aprobación como para la desaprobación. En contraste, Cochabamba actúa como el único contrapeso favorable al Ejecutivo, reflejando estabilidad con un 43% de aprobación presidencial.
Estado de Excepción y responsabilidades de los conflictos
Como respuesta a la parálisis económica provocada por más de 50 días de bloqueos, la declaratoria del Estado de Excepción por 90 días recibe un amplio respaldo del 78% de los encuestados, alcanzando su pico en Cochabamba con un 88% y el nivel más bajo en El Alto con un 70%. Respecto a los responsables de la escalada del conflicto, el 65% de los encuestados señala a los sectores afines a Evo Morales, una postura respaldada con fuerza en Cochabamba (79%) y Santa Cruz (70%). Sin embargo, El Alto disiente de este consenso y reparte la responsabilidad entre la Central Obrera Boliviana y el Gobierno central, ambos con 47% de menciones.
Demandas “antibloqueos” y escenario judicial
La demanda de soluciones drásticas frente a la conflictividad social se mantiene firme en la opinión pública. El 62% de los entrevistados apoya los proyectos de ley que buscan sancionar con hasta 20 años de cárcel a quienes bloqueen caminos, al tiempo que un 55% confía en que exigir resarcimientos económicos a los organizadores frenará estas movilizaciones en el futuro. Paralelamente, disminuye el temor social frente a las consecuencias de un escenario judicial complejo para la oposición radical, ya que la percepción de que una eventual detención de Evo Morales no generaría ningún impacto relevante a largo plazo en el país subió del 21% en mayo al 29% en junio.
