El deterioro económico vuelve a marcar la opinión pública
El trimestre cierra con una visión mayoritariamente negativa sobre el país. En septiembre, el 76% considera que Bolivia avanza en la dirección incorrecta y solo el 24% cree que sigue el rumbo correcto, el resultado más bajo entre los países comparados y 14 puntos porcentuales por debajo del promedio global. La percepción de una economía débil también aumenta por segundo trimestre consecutivo, del 49% a comienzos de año al 64% en el segundo trimestre y al 71% en el tercero. El deterioro empieza a trasladarse a los hogares, donde el 59% califica su situación financiera como débil, aunque la economía nacional continúa evaluándose de forma más crítica.
El malestar económico profundiza el desgaste político e institucional
La desaprobación del presidente Rodrigo Paz Pereira alcanza el 61%, frente a una aprobación del 21%, revirtiendo el respaldo mayoritario registrado al inicio de su gestión. La corrupción, con 15%, el incumplimiento de promesas, con 11%, y el manejo de la economía, también con 11%, encabezan las razones de rechazo. La evaluación del vicepresidente Edmand Lara es aún más negativa, con un 74% de desaprobación y un 11% de aprobación. En el ámbito subnacional, en cambio, aparecen diferencias importantes: mientras algunas autoridades de La Paz y El Alto presentan balances negativos, los alcaldes de Cochabamba y Santa Cruz alcanzan aprobaciones del 62% y 85%, respectivamente.
La ciudadanía acepta reformas, pero cuestiona la capacidad estatal
Pese al pesimismo y la desconfianza, la población mantiene una disposición favorable hacia algunas reformas. El 63% respalda la eliminación de la subvención a los combustibles, aunque el apoyo cayó desde el 78% registrado en enero y se redujo especialmente en Santa Cruz. Frente a las empresas estatales deficitarias, el 39% propone reorganizarlas, el 29% cerrarlas o venderlas y el 26% asociarlas con privados; además, el 48% atribuye sus pérdidas principalmente a la corrupción y la falta de transparencia. La ciudadanía también demanda orden, ya que el 69% rechaza los bloqueos, pero prefiere inicialmente una salida dialogada: el 48% plantea negociar con los sectores movilizados y el 31% despejar las vías de inmediato.
El principal desafío transversal es la pérdida de confianza en la capacidad del Estado para responder a los problemas. El 90% considera que el Gobierno está poco o nada preparado para afrontar el fenómeno del “Súper Niño” u otros desastres naturales, mientras el 66% cree que está solucionando muy pocas o ninguna de las causas de los conflictos registrados en mayo y junio.
En conjunto, los resultados muestran una ciudadanía dispuesta a aceptar cambios y medidas de orden, pero cada vez más exigente respecto a la eficacia, la transparencia y los resultados concretos de las autoridades.
