Los resultados reflejan una visión crítica de la ciudadanía respecto al desempeño de las empresas estatales, aunque la mayoría no plantea su eliminación, sino su transformación. La opción más respaldada para aquellas empresas que generan pérdidas es la reorganización (39%), seguida por el cierre (29%) y la asociación con privados (26%), mientras que solo un 4% considera que deberían mantenerse sin cambios.

Las causas de los déficits son atribuidas principalmente a problemas de gestión. Casi la mitad de los entrevistados (48%) identifica a la corrupción y la falta de transparencia como la principal explicación de las pérdidas, mientras que un 28% señala la mala administración y la falta de personal capacitado.

La evaluación de las empresas estatales muestra diferencias importantes. Entel (38% de evaluación positiva) y Banco Unión (34%) son las empresas mejor valoradas, mientras que BOA y especialmente YPFB concentran los niveles más altos de evaluación negativa. Estos resultados sugieren que la ciudadanía distingue claramente entre empresas públicas que considera más eficientes y aquellas que enfrentan mayores cuestionamientos sobre su gestión y resultados.

La principal demanda ciudadana no es reducir el rol de las empresas estatales, sino mejorar su desempeño. La población asocia los problemas de estas empresas principalmente con la corrupción, la falta de transparencia y las deficiencias administrativas, y considera que la reorganización es el camino más adecuado para revertir esta situación. Al mismo tiempo, las diferencias observadas en la evaluación de las distintas empresas muestran que la ciudadanía premia o castiga el desempeño percibido de cada institución, otorgando mayor legitimidad a aquellas que considera más eficientes y mejor gestionadas.